El procedimiento de incapacitación judicial
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La incapacitación judicial es un cauce jurídico mediante el cual, se establece que un individuo no se encuentra capacitado para ejercer sus derechos ni cumplir sus obligaciones, debido a su estado físico o psíquico.
Estos individuos normalmente deben realizar todas las gestiones jurídicas mediante un intermediario, un representante legal que les ayude a proteger su patrimonio.
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El estado de incapacitación judicial se confiere a través de una sentencia dictaminada por un juez, en la que se establece que dicha persona no puede valerse por sí misma.
Hay que mencionar que discapacidad no es lo mismo que incapacidad. Mientras que la discapacidad es una situación administrativa, la incapacidad se otorga por vía legal.
En este artículo hablaremos de forma pormenorizada sobre el procedimiento de incapacitación y sus ventajas e inconvenientes. Además mencionaremos cuáles son los requisitos para la iincapacitación y la importancia de contar con el apoyo y asesoramiento de los abogados especialistas en el área.
Procedimiento de incapacitación
En primer lugar, para que se pueda conceder la incapacitación, el principal requisito es que la persona sufra algún tipo de enfermedad o discapacidad física o psicológica.
La patología tiene que ser constante y que le impida desenvolverse de forma independiente.
El procedimiento de incapacitación se formalizará en el juzgado que corresponda al domicilio de la persona en cuestión.
La sentencia emitida en este sentido determinará asimismo el nivel de incapacitación y las actividades que puede o no puede realizar el individuo de forma independiente.
Si se determina que no puede obrar por cuenta propia, se puede designar a un representante que le ayude a cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos jurídicos.
Es indispensable presentar al juez una serie de requisitos, informes médicos y pruebas reales que demuestren que esa persona no está capacitada para obrar. El juez, para tomar la decisión más adecuada, normalmente ofrecerá una audiencia al interesado así como a los allegados más cercanos.
El tutor designado no tiene total libertad ni derechos absolutos sobre el patrimonio de la persona incapacitada, sino que deberá justificar todas las gestiones realizadas ante el juzgado.
Este procedimiento debe realizarse todos los años y al finalizar el periodo de tutela se deberá presentar la cuenta justificada.
Es necesario demostrar cómo se ha administrado todo patrimonio, siempre en el interés del incapacitado.
Además, el nombramiento por el juez no permite al tutor realizar determinadas actividades relevantes ni malgastar los bienes del interesado, sin previa autorización judicial.
Ventajas y desventajas
La incapacitación judicial de una persona puede acarrear algunas ventajas e inconvenientes. Si estás planeando iniciar un procedimiento de este carácter, quizás te convenga echarle un vistazo a esta información:
Ventajas
- La incapacitación judicial implica el ajuste de la realidad al escenario legal. Es importante tener en cuenta que una persona con alguna enfermedad importante, sobre todo psicológica, puede no ser consciente de todos los trámites legales que le incumben.
- Mediante la incapacitación judicial el individuo se encuentra amparado por la ley y se evitan situaciones problemáticas como la venta o donación de sus bienes sin el consentimiento consciente del propietario
- La incapacitación judicial facilita asimismo los trámites para el acceso de la persona a una institución de cuidados.
- En cuanto al aspecto económico, el procedimiento de incapacitación está libre de las tasas judiciales. Únicamente se debe pagar los honorarios del abogado y del procurador.
Desventajas e inconvenientes
- En ciertos casos el proceso de incapacitación judicial puede demorarse. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que se gestione, puede llegar a tardar de cinco meses a dos años aproximadamente. Sin embargo, la espera vale la pena, ya que es muy importante evitar que la persona incapacitada pueda ejecutar actos jurídicos que puedan llegar a perjudicarle
Anteriormente, la incapacitación judicial era muy restrictiva para todo tipo de patologías. Sin embargo, hoy día el procedimiento se adapta a las necesidades de cada persona. Es decir, sólo se incapacita al sujeto en aquellas actividades que no puede hacer por sí solo, siempre y cuando la sentencia no diga lo contrario.
Requisitos para la incapacitación judicial
Para que una persona se pueda incapacitar debe:
- Estar enfermo, discapacitado o con algún deterioro cognitivo que le impida a la persona valerse por sí misma.
- Tener una convalecencia permanente y progresiva con el paso del tiempo
- Incapacidad de decidir por uno mismo dados sus problemas.
Los especialistas en esta área juegan un papel importantísimo en el proceso de incapacitación judicial.
Sólo con el asesoramiento y la ayuda de un equipo de profesionales experimentados se consigue la protección de las personas más vulnerables.